“Criterios político-criminales orientadores de la protección penal de los intereses económicos de los consumidores”, Marcial Pons

I. Introducción. II. Política europea en la protección de los consumidores. 1. La protección de los intereses económicos de los consumidores.1.1. Los servicios de la sociedad de la información, el comercio electrónico y los pagos electrónicos y transfronterizos. 1.2. La televisión sin fronteras. 1.3. Los contratos de venta a distancia y los contratos negociados fuera de establecimientos mercantiles, la venta de bienes y garantías, y las cláusulas abusivas en los contratos. 1.4. Las prácticas comerciales desleales, la publicidad engañosa y la publicidad comparativa. 1.5. La responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y la indicación de precios. 1.6. El crédito al consumo. 1.7. Los viajes combinados y los inmuebles en régimen de tiempo compartido. 1.8. El transporte aéreo. 1.9. Los mercados de la energía. 2. La protección de los intereses jurídicos de los consumidores. 2.1. Procedimientos de resolución alternativa de litigios y resolución de litigios en línea. 2.2. La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil y la obligación de cooperación de las autoridades nacionales. III. ¿Políticas de consumo en España? IV. Protección administrativa. V. ¿Protege el Derecho penal los intereses económicos de los consumidores? VI. La Política Criminal y los principios orientadores en la protección de los consumidores.1. La Política Criminal. 2. Redefinir los criterios de racionalidad penal en la protección de los intereses económicos de los consumidores. 2.1. Principio de justicia e indicadores de proporcionalidad. 2.2. Principio de utilidad y los indicadores de efectividad. VII. Papel del Parlamento europeo. VIII. Protección penal efectiva. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.SEJ 59